El miércoles 29 de marzo de 2023, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura sentenció a
favor de las comunidades y del bosque de Intag, quienes acudieron a la justicia constitucional
ecuatoriana para proteger los derechos de la Naturaleza y de consulta ambiental. Las
comunidades de Intag llevan casi 30 años de resistencia en contra de actividades mineras en
su territorio, uno de los sitios más biodiversos del planeta.
El tribunal declaró la existencia de violaciones constitucionales al momento de otorgar la
licencia ambiental de la concesión minera Llurimagua, operada por la empresa chilena
Codelco.